SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
¿Cuáles
son las situaciones, en materia de protección, promoción y garantía de los
DDHH, que más urge atender en Colombia?
La alta comisionada para
los derechos humanos en Colombia resalta la importancia de garantizar los
derechos humanos como el camino más conveniente para lograr una paz duradera y
sostenible. Alrededor del acuerdo suscrito entre el gobierno de Colombia y las
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Ejercito del pueblo (FARC-EP), los
derechos humanos cumplen un papel preponderante y en materia de protección,
promoción y garantía de estos, lo que
más urge atender en Colombia tiene que ver con el respeto a la vida
especialmente de los defensores de los derechos humanos y de los líderes
sociales que son en últimas los más vulnerables por ser quienes instan a las
comunidades, entre otras acciones a
reclamar las tierras de las que fueron despojados por actores que estaban en
conflicto, y que hoy en día pertenecen en la mayoría de los casos a terratenientes
y latifundistas que adquirieron estos predios a bajos costos. Además,
los líderes sociales en aras de preservar la economía de sus pueblos en
el acuerdo de sustitución de cultivos,
se preocupan porque dicha sustitución sea favorable a su economía y el
incumplimiento en los pagos ha sido un aspecto que en principio ha
desestimulado la sustitución, al mismo tiempo que el negocio lucrativo del
narcotráfico manejado por las estructuras criminales que hacen presencia en
estas zonas, ven como una “amenaza” para
su negocio al líder social que promueve la sustitución de cultivos y quien
finalmente es para estas estructuras una piedra en el zapato que amenazan y
asesinan para poder seguir con su actuar delictivo y donde el Estado sigue
estando lejano en su compromiso de garantizar la preservación de la vida de
estos líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
En pocas palabras, estas
situaciones pueda que no obedezcan a operaciones ejecutadas directamente por el
Estado, pero su inoperancia y abandono
de los territorios anteriormente ocupados por las Farc, han favorecido el
incremento de acciones ilícitas y la violación sistemática de los derechos
humanos por parte de ex integrantes de las Farc que no se acogieron al proceso
de paz, bandas criminales, exintegrantes de los paramilitares, el ejército
popular de liberación (EPL), el ejército
de liberación nacional (ELN) y en algunos casos por parte de los miembros de la
fuerza pública.
Como es natural el
abandono por parte del estado de estas zonas y cuya presencia se limita en el
mejor de los casos a la presencia de la fuerza pública, ha favorecido la
violación de los derechos humanos por parte de los miembros de esta. En algunos
casos por ejemplo el ejército ha tenido que participar en escenarios que no son
de su naturaleza, formación y disciplina lo que genera riesgos para la
población por la afectación del uso de la fuerza letal y desmedida luchando
contra el crimen organizado, incrementando de esta manera la violación de los
derechos humanos. En definitiva, las situaciones en materia de protección,
promoción y garantía de los DDHH que más urge atender en Colombia, es la
presencia institucional del Estado en las zonas donde se han retirado las FARC
y que por la disputa de los grupos armados ilegales afecta la seguridad y los
derechos humanos de los pobladores. El acompañamiento y protección de los
líderes sociales en los diferentes procesos de implementación de los acuerdos
de paz, la garantía de la vida de los defensores de los derechos humanos, la no
estigmatización de la lucha social, sindical y la protección de la vida como el
bien más preciado de sus habitantes.
¿Cuáles
son los aspectos más álgidos en relación con la implementación y verificación
de los acuerdos de paz firmados entre las FARC-EP y el gobierno nacional?
La muerte en oscuras
circunstancias de Dimar Torres un ex combatiente de las Farc a manos de la
fuerza pública que custodiaban el área en donde se concentran y cumplen su
proceso de reincorporación a la vida civil; así como las desafortunadas y
desinformadas declaraciones del ministro de defensa Guillermo Botero quien
manifestó en principio que si hubo esta acción “por algo sería”, luego que se
trataba de un muerte accidental en un “forcejeo” que supuestamente hubo, porque
el occiso intentó arrebatarle el fusil al cabo del ejército que causó su muerte
, deja entrever que hay poco compromiso por parte del gobierno quien en este
caso intentó “justificar” la muerte por
parte del ejército de este excombatiente. Situación que al conocerse la verdad
y al sentir la presión de la sociedad ha tenido que aclarar el señor ministro
de defensa.
De otro lado, la muerte
de Samuel David, un bebé de solo 17 meses de edad hijo de la
paz, como se conocen a los hijos de excombatientes que llegaron al mundo
después del cierre del acuerdo con las Farc en La Habana, le devolvieron la esperanza a un país, se
convirtieron en motivo de orgullo de sus padres y dejaron las filas guerrilleras para buscar
nuevas oportunidades. Esto, evoca a todas luces una de las mayores
preocupaciones de los excombatientes de las Farc quienes sumaron 128 miembros
que han sido asesinados desde que se suscribió el pacto en noviembre de 2016;
de acuerdo con un informe de la ONU, entre los responsables se encuentran
miembros del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, el ELN, la fuerza
pública y las propias disidencias que quedaron tras la desmovilización del
grueso de las Farc. Estas situaciones álgidas en relación con la implementación
y verificación de los acuerdos de paz se suman a la elección de un gobierno que
a la opinión pública le manifiesta estar de acuerdo con la implementación de
los acuerdos, pero que en su actuar demuestran lo contrario. El pasado 10 de
marzo de 2019 el presidente de la república en alocución presidencial le
informó al país la objeción seis de los 159 artículos de la estatutaria de la
justicia especial para la paz (JEP) y anunció que iba a presentar una reforma
constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, que le da vida a
la Jurisdicción Especial de Paz, objeciones que efectivamente fueron
presentadas por el gobierno y en principio negadas contundentemente en la
cámara de representantes y en el Senado;
después de 4 días de discusión la votación quedó 34 votos a favor y 47
votos en contra de las objeciones, aún están haciendo cuentas matemáticas para
saber si se archivan las objeciones, o
si por el contrario, se continúa el proceso. En este momento la corte
constitucional tiene la última palabra al respecto, debido a la necesidad de
consultar con cuántos votos se hacía mayoría.
Esta situación ha
generado desconfianza por parte los excomandantes de las Farc que no han
comparecido ante la JEP aduciendo razones de seguridad y que la misma genera
una incertidumbre jurídica. En una columna del periódico el espectador publicada
18 de marzo de 2019 el columnista Néstor Rosanía, director de del centro de
estudios en seguridad y paz afirma: “la implementación de los acuerdos a hoy es
un fracaso ya que los modelos internacionales en negociación de conflictos
armados sugieren que, una vez firmados los acuerdos se dé paso de inmediato a
la puesta en marcha del sistema de justicia transicional. Para el caso de los
Acuerdos de La Habana, la firma final se dio en el Teatro Colón el 24 de
noviembre de 2016, es decir que a partir del día siguiente el modelo de
justicia transicional ya debería estar en una fase avanzada; lo cierto es que,
a marzo de 2019, casi dos años y medio después, apenas se está intentado dar el
marco normativo a la JEP y ahora sumando este nuevo palo en la rueda, gracias a
las objeciones del presidente Duque,
fácilmente se podrá dilatar un año más en discusiones”, además, los excomandantes salieron de la zona
de reincorporación y su paradero es desconocido, lo que constituye una violación de los
acuerdos y a la vez la muestra fehaciente de la incertidumbre que tienen de lo
que pueda pasar con el proceso.
Otro aspecto importante
de la jurisdicción especial para la paz y muy seguramente la razón por la que
el partido de gobierno no quiere que siga adelante, es porque esta fue diseñada
para conocer la verdad, situación que no les conviene a algunos personajes
nefastos del país que participaron directamente del conflicto y quienes gozan
de total impunidad, porque hay alguien en la cárcel pagando en la mayoría de
los casos por ejecutar ordenes que venían de estos personajes. Habría que decir
también que La JEP no se hizo para las Farc, se hizo para todos los actores
violentos y hay unos actores que están dentro del Estado que son quienes en un
afán por mostrar resultados positivos y que se estaba ganando la guerra, en ese momento cometieron delitos de lesa
humanidad, los más espantosos como fueron los ‘falsos positivos’, una de las
barbaries más grandes de nuestra historia.
¿Cuáles
son los principales desafíos y oportunidades que, en materia de derechos
humanos, se presentan a la sociedad colombiana para fortalecer la construcción
de paz?
La mayoría de acuerdos
establecidos por el Estado y las Farc contemplan la agenda de derechos humanos
que se ha establecido en otros espacios similares y su implementación
demostrará la voluntad del Estado por cumplir con sus obligaciones en materia
de derechos humanos. En ese ámbito el acceso a los derechos humanos compone la
base necesaria para que la paz se constituya, se estabilice y sea duradera.
Basándose en la prevención de situaciones que puedan contribuir a la violación
de derechos humanos, además de fomentar la participación de las mujeres como un
ente activo en la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
¿Qué
garantías hay en Colombia para el ejercicio de la ciudadanía, para poder
expresar las opiniones, los desacuerdos, para exigir y protestar?
En Colombia la lucha
social ha sido uno de los mecanismos más eficaces para la conquista de derechos
y la reivindicación de estos, está garantizada, pues según el Artículo 37 de la
Constitución Política de Colombia: “Toda parte del pueblo puede reunirse y
manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera
expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Y en el Artículo 39 se lee: “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado”. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
Sin embargo, la criminalización de la protesta por parte de algunos sectores
por lo general empresariales, gubernamentales y de clase social alta, han
puesto en el ojo del huracán las acciones violentas que en ocasiones acompañan
estas protestas en respuesta a las provocaciones de la fuerza pública o por la
infiltración que ocurre en estas por parte de vándalos. En este momento el
debate ha surgido en esa dirección: ¿qué está permitido en la protesta y que
no? La respuesta a este interrogante parece tener eco, incluso el actual
ministro de defensa, manifestó puntualmente que en el ámbito social, hay que
respetar la protesta social, pero que debe ser una protesta ordenada que
verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de
un pequeño grupo; además el director de Fenalco en la capital Juan Esteban
Orrego, manifestó que , los organizadores de las marchas deberían estar
obligados a comprar un seguro de responsabilidad contractual y que el Distrito
debería exigirlo para otorgar el permiso de la manifestación. Son voces que se
suman a un gobierno represivo que no converge con la causa social y que no
comparte gran parte de las luchas de los sectores más vulnerables del país. En
esa medida las garantías hay en Colombia para el ejercicio de la ciudadanía,
para poder expresar las opiniones, los desacuerdos, para exigir y protestar
están dadas desde la constitución, pero en la práctica quienes protestan se
convierten en víctimas de distintas modalidades de detención arbitraria y abuso
policial, uso arbitrario del sistema penal ejercido contra líderes y lideresas,
criminalización y judicialización de la protesta social y la detención
arbitraria contra manifestantes y sectores excluidos.
Identificar otros temas o
asuntos que ustedes consideren esenciales de ser tratados, y que no estén
incluidos en el informe del 2018
La poca voluntad de este
gobierno para cumplir lo acordado en la Habana, cada vez demuestran el odio en
sus corazones, viven de la ofensa, se ufanan de afirmar que son los
representantes de la negación del pueblo de lo acordado en la Habana, que
producto de ese desacuerdo de las mayorías eligieron al presidente Iván Duque,
construyen la política a partir del odio y del miedo y este se ha convertido en
un factor de triunfo electoral, prefiriendo al guerrillero en el monte que
sentado en el congreso como lo manifestó Uribe y eso es lógico porque en las
montañas se matan soldados y guerrilleros, ambos con la misma condición social;
mientras que un guerrillero en el congreso favorece el debate de las ideas y eso de alguna manera
les daña más. Pues la verdad facilita la posibilidad de perdón y ellos quieren
seguir aprovechando esa condición de miedo y odio de los colombianos perpetuando
una guerra tan antigua como la misma Nación, mientras esa ideología continúe
será difícil encontrar una verdadera reconciliación basada en la dignidad y la
verdad.
LISTADO DE REFERENCIAS
1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (2018). Informe
anual del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Informe 3. ONU.
Recuperado de:
http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/8887-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2017.
2. Constitución política de Colombia (1991).
3. Corporación Región (2018). Cómo va la implementación del
acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. Una aproximación a la
mirada territorial. Recuperado de
http://www.region.org.co/index.php/publicamos/documentos/item/333-como-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-entre-el-estado-colombiano-y-las-farc
4. Rosanía, R (18 de marzo de 2019). Las consecuencias de objetar
la JEP. El espectador. Recuperado de
https://www.elespectador.com/opinion/las-consecuencias-de-objetar-la-jep-columna-845576.
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